La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York imputó este miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios actuales y anteriores por presuntos delitos de narcotráfico y armas. La acusación sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
Entre los acusados también figuran:
Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa, antes fue secretario general de Gobierno estatal
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y figura política de Morena en Sinaloa
Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa y, según medios locales, encargado de despacho de la Fiscalía estatal en 2024
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector o excomisario de la Policía de Investigación de Sinaloa
Alberto Jorge Contreras Núñez, exencargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación de Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría resultado electo gobernador de Sinaloa en 2021 después de recibir presunto apoyo de Los Chapitos, facción vinculada a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. El Departamento de Justicia afirmó que esa ayuda habría incluido el secuestro e intimidación de rivales políticos.
Los cargos contra Rocha incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de otra acusación por conspiración. Si fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Qué respondió el Gobierno federal
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Sin embargo, la Cancillería sostuvo que los documentos enviados por Estados Unidos "no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas".
La SRE informó que remitirá la solicitud a la Fiscalía General de la República para revisar si existen elementos probatorios conforme al sistema jurídico mexicano. Además, señaló que enviará una carta de extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se difundió el caso, al considerar que los tratados vigentes contemplan reglas de confidencialidad.
Qué dijo el gobernador de Sinaloa
Rocha Moya rechazó las acusaciones y afirmó que demostrará que "carecen de veracidad y fundamento alguno". El gobernador también vinculó la imputación con un ataque contra Morena, partido al cual pertenecen algunos de los funcionarios señalados.
La Embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación y sostuvo que ambos países comparten la prioridad de combatir la corrupción y la delincuencia transnacional. "La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos", indicó el embajador Ronald Johnson.
