A 300 días del plazo máximo establecido por la Constitución, el Congreso de la Unión continúa sin expedir la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, incumpliendo un mandato directo de la Carta Magna.
La reforma constitucional aprobada en 2024 obligaba al Poder Legislativo a emitir esta ley en un máximo de 180 días. Sin embargo, el plazo venció el 1° de junio de 2025 sin que se cumpliera este mandato, configurando una clara omisión legislativa, lo que se suma a un silencio de ambas cámaras del Congreso, de las Comisiones de Medio Ambiente, así como de las y los legisladores sobre una ruta clara para avanzar con las iniciativas presentadas.
Este incumplimiento no es menor: implica que las y los legisladores están desobedeciendo una disposición constitucional expresa, debilitando el Estado de derecho y retrasando la protección efectiva de millones de animales en el país.
La inacción del Congreso Federal ha llevado a elevar la presión social, con más de 45 mil firmas de la sociedad civil, que se suman a las 140 mil que respaldaron la reforma constitucional que dieron origen al mandato de expedir la Ley General.
La presión también se ha hecho ver en las entidades federativas. El pasado 24 de marzo, el Congreso de Baja California Sur emitió un segundo exhorto para que el Legislativo Federal expida la Ley General y no retrase más la actualización de normas locales. Asimismo, el Congreso local abrió un frente en el que llamó a más legislaturas a sumarse.
Un vacío legal que afecta directamente a los animales
La falta de una ley general mantiene a México en un vacío normativo donde la protección animal depende de regulaciones estatales desiguales e insuficientes, sin estándares ni responsabilidades claras.
De acuerdo con el seguimiento realizado por Igualdad Animal México, esta omisión ya tiene consecuencias concretas:
- Reformas estatales detenidas, ya que los congresos locales esperan la ley general para evitar contradicciones legales.
- Decisiones judiciales perjudiciales para los animales, ante la ausencia de un marco nacional claro.
- Falta de estándares mínimos de protección, lo que deja a millones de animales sin garantías efectivas.
Una Constitución de vanguardia sin aplicación real
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En 2024, México dio un paso histórico al reconocer a los animales en la Constitución y prohibir su maltrato. En enero de 2026, Igualdad Animal México impulsó una nueva iniciativa en la Cámara de Diputados para crear la primera Ley General de Protección Animal en el país.
Esta propuesta busca establecer un marco nacional que reconozca a los animales como seres sintientes y permita:
- Establecer estándares, responsabilidades y facultades para la protección animal en todo el país.
- Obligar a los tres niveles de gobierno a actuar.
- Establecer sanciones claras y mecanismos de cumplimiento.
- Establecer el principio pro animal.
A pesar de ello, el Congreso no ha priorizado su discusión, prolongando el desacato constitucional. Esto se suma a la docena de iniciativas en la materia que precluyeron en periodos ordinarios previos debido a la falta de interés de las y los legisladores, una situación que genera serias dudas sobre los intereses detrás del retraso de la norma.
“Los 300 días de retraso no solo representan una falla legislativa, sino un incumplimiento abierto de la Constitución que sigue teniendo consecuencias para los animales. La exigencia es clara: el Congreso debe legislar ya”, declaró Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.
