Con el objetivo de facilitar y actualizar la formación de las y los docentes en la entidad, así como cerrar brechas de acceso y pertinencia en contextos rurales, indígenas y de alta marginación, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentaron una iniciativa de reforma al artículo 71 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
En sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de la propuesta de ambos legisladores, en donde se contempla que la Secretaría de Educación Pública podrá, entre otras acciones, diseñar y difundir programas de capacitación basados en recursos abiertos y materiales digitales de libre acceso, en coordinación con universidades públicas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y proveedores de plataformas educativas.
Además, priorizar la capacitación en lenguas originarias y enfoques interculturales cuando así lo requieran las comunidades, promover la articulación de capacitación con acciones de educación sostenible, fomentar el uso de multiplataformas, así como celebrar convenios y alianzas que faciliten el acceso a materiales, asesoría técnica y formación docente.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas:
-Iniciativa de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez para modificar los artículos 71 y 91 de la Ley de Educación, con el objetivo de considerar contenidos de prevención, identificación y atención de riesgos en entornos digitales, incluidos los que promuevan, glorifiquen o normalicen conductas delictivas o la violencia, como apología del delito.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución procedente.
-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 63 de la Ley Ganadera para el Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar de manera expresa la obligación de realizar tratamientos contra ectoparásitos y endoparásitos, a fin de fortalecer la base legal que sustenta las campañas sanitarias.
